El lunes 19 de diciembre de 2025, la atención mediática se centró en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que confirmó la obligación de pago de 51 mil millones de pesos por parte de las empresas de Grupo Salinas, el conglomerado dirigido por Ricardo Salinas Pliego. Este capítulo fiscal ha sido el resultado de acciones legales que se remontan a años atrás, y marca un hito en la recaudación fiscal de México.
El Trasfondo del Caso
Durante una conferencia matutina, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, expuso la complejidad del caso. Según su relato, la disputa se originó entre 2013 y 2018, cuando la autoridad fiscal determinó que diversas empresas del grupo habían aplicado de manera incorrecta pérdidas fiscales en el pago del Impuesto sobre la Renta para los ejercicios fiscales de 2008 a 2013. "Esa improcedencia llevó a la acumulación de adeudos fiscales", indicó.
A pesar de las resoluciones administrativas del SAT, las empresas de Salinas Pliego lucharon legalmente contra estas determinaciones en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde 2019 hasta 2023, pero estaban destinadas a fracasar. Los tribunales ratificaron la legalidad de los créditos fiscales, culminando en una definitiva negativa para los amparos solicitados en 2024 y 2025.
Finalmente, la SCJN desechó las impugnaciones presentadas por el grupo, estableciendo así la obligación de pago.
Un Proceso Formal de Cobro
Con la notificación de la Corte en mano, el SAT anunció que en enero de 2026 se emitirá formalmente el requerimiento de pago. A partir de ese momento, las empresas deberán cumplir con sus obligaciones tributarias. La ley permite que, dependiendo del esquema elegido para el pago, los contribuyentes puedan solicitar ajustes a la baja de hasta un 39%.
"Es una obligación de carácter constitucional contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa", subrayó Martínez Dagnino, haciendo un llamado a las empresas a regularizar su situación.
Una Perspectiva Administrativa
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció sobre el tema, enfatizando que se trata de un asunto de naturaleza legal y administrativa, alejando cualquier connotación política. "Este tema es fundamentalmente jurídico. La Corte ha resuelto, y esperemos que se realice el pago en los términos establecidos", afirmó.
Sheinbaum recalcó la importancia de que los procedimientos se lleven a cabo con transparencia, y notificó que la Secretaría de Hacienda y el SAT mantendrán informada a la opinión pública sobre los avances del proceso.
Consecuencias del Incumplimiento
La mandataria advirtió que, de no cumplirse con los pagos, se activarían otros procedimientos legales contemplados en la ley. Este aspecto ha generado inquietudes sobre las posibles repercusiones para las empresas que intenten evadir su responsabilidad fiscal.
El proceso es supervisado por la Procuraduría Fiscal y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, quienes están encargados de garantizar cumplimiento y transparencia en el cobro.
Reflexiones Finales
Este caso no solo pone en evidencia la importancia del cumplimiento fiscal por parte de grandes actores económicos, sino que también destaca el papel del sistema judicial y de la administración tributaria en la lucha contra la evasión fiscal. El desenlace de este capítulo en la historia de Ricardo Salinas Pliego y su conglomerado podría sentar un precedente significativo en la recaudación fiscal en México, reflejando un compromiso por parte del gobierno para hacer cumplir el estado de derecho.
En un país donde la recaudación impositiva es crucial para el desarrollo, el seguimiento de este caso será vital. La sociedad civil así como los contribuyentes observarán de cerca los acontecimientos en las próximas semanas.
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